La Cámara Baja del Congreso Chileno dio a conocer un Lapidario Informe sobre los abusos de Supermercados con sus trabajadores y propone una serie de cambios legislativos, que si bien son tibios, lo más probable que provocará la reacción histórica de los empresarios, de rechazar cualquier regulación que les impida continuar con los abusos.
El documento se conoció a través de la publicación de El Mostrador. Algunos de los trabajadores que testificaron ante la comisión de la Cámara de Diputados fueron despedidos de sus puestos de trabajo por la patronal, ratificando el comportamiento de los empresarios chilenos con los trabajadores que se organizan o reclaman el respeto de sus derechos.
Esta comisión de la Cámara de Diputados surgió producto de la presión de los trabajadores quienes en 2005 paralizaron sus actividades en varias ciudades del país como Pto. Montt, Valdivia, Temuco, Concepción, La Serena y Santiago, para responder de manera organizada a la llamada reposición eficiente y los abusos patronales que imponía Supermercados Líder en esos días, lo que además implicaba miles de despedidos.
Este movimiento fue coordinado en esa ocasión por el Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores del Comercio, presidido por Juan Navarrete y la secretaria de Negociación y Conflicto de la Central Unitaria de Trabajadores, quienes junto con movilizarse presionaron a las autoridades del trabajo y a parlamentarios de diferentes regiones para hacerse escuchar. Después de múltiples gestiones, lograron el compromiso de los Diputados Carlos Montes y Patricio Vallespin de trabajar para que se convocara una comisión de la Cámara de Diputado, para investigar las denuncias de maltrato laboral, prácticas antisindicales, uso de múltiples razones sociales y la llamada "reposición eficiente", situaciones por la que reclamaban los trabajadores.
Dichos Diputados, cumpliendo su compromiso, en diciembre del 2006 formularon una petición de investigación en conjunto a otros 53 diputados. La comisión emitió un lapidario informe de 154 páginas. En el sector laboran poco más de 110 mil trabajadores de forma directa y en el rubro se registra alrededor de un 90% de empleados con contrato indefinido bajo el régimen de jornada completa.Se conoce en fuentes del sector que en los últimos 6 años se han impuesto alrededor de 4.600 multas por infracciones en materia de remuneraciones y maltrato laboral en este sector.
Los parlamentarios concluyeron que la libertad sindical en el rubro supermercadista 'está severamente restringida'. El uso de diversas razones sociales 'y una frecuente resistencia antisindical en los niveles directivos de las empresas' son parte de las razones de ello, cuestionan que los procedimientos administrativos y judiciales no han sido del todo eficaces para reparar los daños producidos a organizaciones sindicales. 'La acción fiscalizadora enfrenta varias dificultades para investigar, sancionar y denunciar ante los tribunales los múltiples casos de prácticas antisindicales que se recepcionan diariamente', dicen.
Las propuestas del documento que seguramente serán rechazadas con más fuerza por las empresas serán: la que propone modificar el concepto de empresa, dotar de mayores facultades fiscalizadoras a la Dirección del Trabajo, aumentar valor de las multas por incumplimiento laboral y acoso a sindicatos, establecer como obligatorio el sueldo mínimo no sujeto a metas de ventas y horas extra, el pago igualitario entre trabajadores subcontratados y contratados, y el reparto de utilidades.
El informe fue aprobado con los votos a favor de los diputados Sergio Aguiló, Carlos Montes, Tucapel Jiménez, Eduardo Saffirio, Patricio Vallespín y Samuel Venegas; y el rechazo de los parlamentarios de la derecha Julio Dittborn, Felipe Salaberry, Carlos Recondo y Alfonso Vargas.
El informe de la comisión define la necesidad de derogar la última frase del concepto legal de empresa del artículo 3º del Código del Trabajo ('...dotada de una individualidad determinada') y agregar en el mismo punto que 'se entienden comprendidos dentro del concepto de empresa a los grupos de empresas relacionadas que integran una misma unidad económica, ordenada bajo una dirección común'. Además los parlamentarios proponen establecer nuevas normas y medidas judiciales frente 'al subterfugio laboral de ocultar, disfrazar o alterar la individualización del empleador o su patrimonio'.
En lo relativo a la subcontratación se indica la obligación legal para que 'los trabajadores subcontratados que realicen faenas del giro principal en las dependencias de la empresa principal, se les pague la misma remuneración que a los trabajadores dependientes de la empresa principal que realizan la misma faena'.
Otro de los puntos consignados en las conclusiones es ampliar las facultades fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo. Según la comisión es necesario que la DT pueda verificar periódicamente las condiciones laborales en que se desempeñan los menores de edad que laboran en supermercados en tareas de empaque, ya que son de 'una precariedad creciente'.
La comisión critica la simpatía empresarial por las remuneraciones variables y plantea corregir la regulación legal de la gratificación voluntaria para que no sea una norma regresiva en las empresas de 200 o más trabajadores o en las empresas con mayores utilidades, evitando que las empresas que logran más utilidades paguen proporcionalmente menos gratificación.
El documento se conoció a través de la publicación de El Mostrador. Algunos de los trabajadores que testificaron ante la comisión de la Cámara de Diputados fueron despedidos de sus puestos de trabajo por la patronal, ratificando el comportamiento de los empresarios chilenos con los trabajadores que se organizan o reclaman el respeto de sus derechos.
Esta comisión de la Cámara de Diputados surgió producto de la presión de los trabajadores quienes en 2005 paralizaron sus actividades en varias ciudades del país como Pto. Montt, Valdivia, Temuco, Concepción, La Serena y Santiago, para responder de manera organizada a la llamada reposición eficiente y los abusos patronales que imponía Supermercados Líder en esos días, lo que además implicaba miles de despedidos.
Este movimiento fue coordinado en esa ocasión por el Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores del Comercio, presidido por Juan Navarrete y la secretaria de Negociación y Conflicto de la Central Unitaria de Trabajadores, quienes junto con movilizarse presionaron a las autoridades del trabajo y a parlamentarios de diferentes regiones para hacerse escuchar. Después de múltiples gestiones, lograron el compromiso de los Diputados Carlos Montes y Patricio Vallespin de trabajar para que se convocara una comisión de la Cámara de Diputado, para investigar las denuncias de maltrato laboral, prácticas antisindicales, uso de múltiples razones sociales y la llamada "reposición eficiente", situaciones por la que reclamaban los trabajadores.
Dichos Diputados, cumpliendo su compromiso, en diciembre del 2006 formularon una petición de investigación en conjunto a otros 53 diputados. La comisión emitió un lapidario informe de 154 páginas. En el sector laboran poco más de 110 mil trabajadores de forma directa y en el rubro se registra alrededor de un 90% de empleados con contrato indefinido bajo el régimen de jornada completa.Se conoce en fuentes del sector que en los últimos 6 años se han impuesto alrededor de 4.600 multas por infracciones en materia de remuneraciones y maltrato laboral en este sector.
Los parlamentarios concluyeron que la libertad sindical en el rubro supermercadista 'está severamente restringida'. El uso de diversas razones sociales 'y una frecuente resistencia antisindical en los niveles directivos de las empresas' son parte de las razones de ello, cuestionan que los procedimientos administrativos y judiciales no han sido del todo eficaces para reparar los daños producidos a organizaciones sindicales. 'La acción fiscalizadora enfrenta varias dificultades para investigar, sancionar y denunciar ante los tribunales los múltiples casos de prácticas antisindicales que se recepcionan diariamente', dicen.
Las propuestas del documento que seguramente serán rechazadas con más fuerza por las empresas serán: la que propone modificar el concepto de empresa, dotar de mayores facultades fiscalizadoras a la Dirección del Trabajo, aumentar valor de las multas por incumplimiento laboral y acoso a sindicatos, establecer como obligatorio el sueldo mínimo no sujeto a metas de ventas y horas extra, el pago igualitario entre trabajadores subcontratados y contratados, y el reparto de utilidades.
El informe fue aprobado con los votos a favor de los diputados Sergio Aguiló, Carlos Montes, Tucapel Jiménez, Eduardo Saffirio, Patricio Vallespín y Samuel Venegas; y el rechazo de los parlamentarios de la derecha Julio Dittborn, Felipe Salaberry, Carlos Recondo y Alfonso Vargas.
El informe de la comisión define la necesidad de derogar la última frase del concepto legal de empresa del artículo 3º del Código del Trabajo ('...dotada de una individualidad determinada') y agregar en el mismo punto que 'se entienden comprendidos dentro del concepto de empresa a los grupos de empresas relacionadas que integran una misma unidad económica, ordenada bajo una dirección común'. Además los parlamentarios proponen establecer nuevas normas y medidas judiciales frente 'al subterfugio laboral de ocultar, disfrazar o alterar la individualización del empleador o su patrimonio'.
En lo relativo a la subcontratación se indica la obligación legal para que 'los trabajadores subcontratados que realicen faenas del giro principal en las dependencias de la empresa principal, se les pague la misma remuneración que a los trabajadores dependientes de la empresa principal que realizan la misma faena'.
Otro de los puntos consignados en las conclusiones es ampliar las facultades fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo. Según la comisión es necesario que la DT pueda verificar periódicamente las condiciones laborales en que se desempeñan los menores de edad que laboran en supermercados en tareas de empaque, ya que son de 'una precariedad creciente'.
La comisión critica la simpatía empresarial por las remuneraciones variables y plantea corregir la regulación legal de la gratificación voluntaria para que no sea una norma regresiva en las empresas de 200 o más trabajadores o en las empresas con mayores utilidades, evitando que las empresas que logran más utilidades paguen proporcionalmente menos gratificación.
1 comentario:
Natalia:
revisa la siguiente noticia publicada hoy en lanacion.cl:
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080817/pags/20080817185044.html
saludos.
raúl morales
presidente sindicato foster
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